La Mesa del Partido Solidario de Mendoza ratificó su “posición reformista de la carta magna provincial de manera integral y sin condicionamientos”, pero cuestionó “la propuesta que presentó el gobernador Rodolfo Suárez bajo los lineamientos de su antecesor” porque “promete sin demostrarlo que «bajará gastos» pero —por el contrario— le puede salir muy cara a la provincia de Mendoza”.
Consideró que “esta iniciativa oficialista que expresa a un sector del gobernante Frente Cambia Mendoza (…) concentra un mayor poder decisorio en el Ejecutivo a expensas de un Legislativo más pequeño y dócil, con mayorías oficialistas aseguradas, oposiciones condenadas a una incidencia marginal y acumulación de las definiciones electorales en los departamentos del Gran Mendoza en detrimento, sobre todo, de Malargüe, San Rafael y General Alvear”.
Manifestó que el Ejecutivo provincial “propone una provincia con una Legislatura unicameral que garantice la mayoría de 27 sobre 48 legisladores en tan sólo seis departamentos del Gran Mendoza (Godoy Cruz, Luján, Maipú —Gran Mendoza Sur—, Guaymallén, Las Heras y Capital —Gran Mendoza Norte—, más Lavalle”.
Y remarca que “condena a los tres departamentos sureños del Cuarto Distrito a bajar siete puntos su representación legislativa, ya que sus actuales legisladores en ambas cámaras (18 sobre 86) hoy ocupan el 21% de las bancas y pasarían a ocupar un mezquino 14% con 7 asientos sobre 48 en la propuesta unicameral de Suárez-Cornejo”.
En un documento de inminente publicación, el PSol Mendoza continúa diciendo que “con la intención —sospechada de demagógica— de tratar de capitalizar a su favor el desprestigio de la actividad política existente en sectores disconformes de la comunidad que no se sienten plenamente representados y apelando a la remanida promesa de «bajar» (en lugar de «mejorar») el «gasto político» el gobierno provincial ha propuesto una reforma constitucional que corre el riesgo de reducir a la actual Constitución a una vulgar sustituta que resulte «más barata», alejando a los ciudadanos de la participación y contralor de sus representados”.
“Esta propuesta de «dirigentes» políticos que se avergüenzan de su condición pero no de apresurarse a bajarle el valor a su trabajo —en lugar de potenciarlo y orientarlo con mayor precisión a su real sentido transformador, social y productivo— pone en riesgo cierto de degradar a criterios de mercado el proceso necesario y trascendental de una reforma constitucional sustanciosa que requiere nuestra provincia.
“Al colocar el eje en una promocionada y mal llamada «austeridad» esta propuesta enfatiza sus recortes y ajustes sobre el exiguo 1 (uno) por ciento del presupuesto provincial (que corresponde a la Legislatura) y engloba al otro 99 por ciento, que abarcan el Ejecutivo y el Judicial, en los considerandos generales de un «equilibrio fiscal obligatorio».
El documento del PSol considera que la propuesta del gobierno provincial “le cercena a la ciudadanía la mitad del ejercicio de su derecho básico a elegir y ser elegido, porque elimina los comicios provinciales de medio término, lo que asegura unas mayorías oficialistas que condenarían a la Legislatura a ser una eterna escribanía de quien esté en la Casa de Gobierno, o quiera volver a ella”.
Denuncia que “en los artículos 5 y 6 prepara el terreno para amontonar en 2.021 tres votaciones provinciales simultáneas y encimadas” y menciona a las elecciones de medio término, el plebiscito para aprobar la reforma constitucional y la propia elección de convencionales constituyentes antes de que la propia reforma esté autorizada por la ciudadanía.
El documento de la Mesa del PSol remarca que “Mendoza se merece el debate de una reforma constitucional que exprese en la letra una caracterización específica de los derechos ciudadanos y las obligaciones que el Estado provincial tendrá a su cargo. Y para asegurar su vigencia, el alcance de estos derechos fundamentales reconocidos en la Carta Magna deberán ser la base misma de la configuración del nuevo Estado mendocino”.
Al tiempo que reclama “una ratificación expresa a los tratados internacionales que deje muy definidos conceptos como los de inclusión social, igualdad de oportunidades, Estado presente o reparación (…) a fin de organizar el Estado en función del cumplimiento de estos objetivos como eje central de la reforma constitucional (...) para asegurar su vigencia”.
