El Partido Solidario de Mendoza respalda con firmeza el programa de congelamiento de precios al 1 de octubre pasado dispuesto durante 90 días por el Gobierno nacional como una medida transitoria necesaria para que el efecto beneficioso que empieza a producir la sostenida reactivación económica y de consumo que vive el país tras la segunda ola de la pandemia, se vuelque sobre los consumidores de ingresos asalariados e informales.
Y para que al mismo tiempo se pueda evitar que -una vez más- esos recursos sean acaparados vía precios por los grupos oligopólicos concentrados que manejan el mercado de alimentos, bebidas y artículos de limpieza, principales responsables del actual proceso inflacionario a través de sus remarcaciones “preventivas” y aumentos especulativos “por las dudas”.
Asimismo, el PSol Mendoza condena la postura timorata y paniaguada del gobierno provincial que -antes de intentarlo- renuncia a su debida defensa de los consumidores de menores ingresos, tarea que le compete a todo poder público nacional, provincial o municipal.
“Es imposible establecer una fiscalización de precios”, ha dicho el director de Fiscalización y Control de Mendoza, José Cortez, en una grosera confesión pública de su incapacidad para ejercer el cargo que detenta, a pesar de haber confirmado que detectó “en supermercados de Mendoza que hay faltantes importantes en aceites, harinas, azúcar y yerbas”.
Esta cobarde y reprochable “lavada de manos” de parte de este funcionario provincial está en línea directa con el desinterés de los intendentes de Godoy Cruz y de Capital y la negativa del de Guaymallén, para participar en las tareas de control imprescindibles para la defensa de los consumidores a través de la supervisión temporaria de precios.
Medidas de control de precios fueron aplicadas con efecto positivo durante los gobiernos radicales de Hipólito Yrigoyen y Arturo Illia y justicialistas de Juan Perón y del propio Alberto Fernández, que consiguió retrotraer los valores del alcohol en gel y de los barbijos inflados especulativamente al inicio de la pandemia.
En abril de 2019, la penosa realidad inflacionaria de la economía concentrada obligó a quebrar dogmas neoliberales al propio gobierno de Mauricio Macri que dispuso “congelar” 60 productos alimenticios, combustibles y tarifas y poco después restablecer retenciones, poner plazo a la liquidación de divisas y establecer un mal llamado “cepo” al dólar.
La falta de responsabilidad del director de Fiscalización y Control de la provincia de Mendoza deja inerme a la población mendocina a expensas de los especuladores y está en línea con la actitud ausente de un gobernador al que no le interesa asistir -por sí o a través de un representante- a las reuniones con la Nación para coordinar acciones conjuntas en defensa de los ingresos de los consumidores. Y que se limita a decir que “ojalá no haya escasez y no se disparen más los precios”, encomendándose a los dioses del mercado.
Aunque parezca mentira, la postura del sector privado del comercio mayorista del país admitiendo la necesidad de controles temporarios de precios supera por lejos a la inexpresiva parsimonia pública de un gobierno provincial abandónico, que prefiere hacerse el distraído.
Posiblemente -con especulación electoral- esté reiterando resistencias que busquen alimentar la posibilidad de un “fracaso” del gobierno nacional, que -a costa de los consumidores- pueda equiparar aunque sea en parte el estrepitoso descalabro que provocaron las anteriores autoridades nacionales a las que aún sigue reportando el gobierno provincial.
PSol Mendoza: Mariana Abraham, Juan Carlos Rivera, Andrea Dallosta, Marcelo Sivera, Juan Posobón, Patricia Lingua, Marcelo Charamoni, Ana Godoy, Silvia Cardona y Juan Carlos Aguiló.
Juan Carlos Cruz, Juan Gallardo, Daniel Silva, Ana María Correa, Daniel García Gei,
Mendoza, 30 de octubre de 2021
